La Secretaria General del Ayuntamiento de San Roque, Ana Núñez de Cossío, ha elaborado un informe-excusa más de los que suelen utilizarse para rechazar peticiones de transparencia, pero en esta ocasión podríamos decir que incluso «presumiendo» de los incumplimientos de la administración en la que trabaja. Incumplimientos en materia de publicidad activa que demuestran, una vez más, que sus prioridades son la propaganda, no la publicidad.
En concreto ha contestado a una petición solicitando los convenios firmados con los distintos colectivos que recibieran subvenciones durante el año 2021, que pueden ser estimamos que una docena tal vez, suponiendo que la administración los tiene correctamente localizados.
Sin embargo la Secretaria General no lo entiende así, alegando que «no se concreta lo suficiente» y por ello no puede «verse afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos». Según parece la habilitada nacional considera que los solicitantes deben concretar de qué sujetos piden los documentos firmados para subvencionarles… y podría tener razón, siempre que el Ayuntamiento hubiera cumplido sus obligaciones en materia de publicidad activa y publicado esos datos.
Al no cumplir desde hace cinco años con sus obligaciones (desde 2016 no actualizan los datos), el Ayuntamiento impide que los ciudadanos sepan quiénes y cuánto han cobrado exactamente de fondos públicos, pero la habilitada nacional olvida ese pequeño detalle en su informe, agarrándose a la reprochable «técnica del espigueo» para perjuicio de los ciudadanos a los que, en teoría, debe servir. Prácticas de un cortijo más que de una administración pública, que vemos por desgracia todos los días.
Núñez de Cossío expone en su informe, para justificar la negativa a trabajar para atender las peticiones ciudadanas, ciertas resoluciones del Consejo de Transparencia fuera de contexto, e incluso olvida que en las mismas se aclara que en caso de falta de concrección hay que dar diez días para subsanar ese defecto, por lo que directamente se desestima la petición sin más trámite.
Lógicamente semejantes «argumentos» son incontestables. Según la habilitada nacional es el ciudadano el que debe concretar de qué sujetos objeto de subvención quiere los documentos, pero el ciudadano no puede saberlo porque llevan cinco años sin publicar quiénes han recibido subvenciones. Una opción sería cribar las notas de prensa en las que la Secretaria General, junto al Alcalde y otros concejales se lucen en la firma de esos documentos para subvencionar distintos colectivos.
Llama la atención además que, estando obligadas las personas jurídicas a relacionarse electrónicamente con la administración, deban acudir a posar para los medios municipales de propaganda si quieren recibir una subvención.
La Secretaria General, presente en todos los planos posibles, no habrá advertido probablemente de este insignificante detalle al gobierno local, no lo reflejará en sus informes, y aunque desconocemos qué función hace en la pose para firmas inválidas parece claro que, como responsable del supuesto «Departamento de Transparencia», se olvida luego de subir los nombres de los subvencionados a la web oficial. Total, si ya tenemos las fotos en prensa, ¿para qué más datos?
¿Acaso con excusas así piensan los funcionarios-escudo que van a impedir el acceso a la información de los ciudadanos? Pues de momento se lleva el pack completo: denuncia por el incumplimiento en la publicidad activa y reclamación por derivar sus incumplimientos en carga para los ciudadanos.
El silencio no es una opción.
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