El Consejo de Transparencia de Andalucía ha iniciado finalmente expediente por la falta de respuesta del Ayuntamiento de San Roque sobre sus cargos de confianza.
El expediente se inicia a raíz de la petición de la Asociación Defensa Ciudadana Activa de la titulación por la que se ha contratado a un asesor concreto, que ocuparía plaza de asesor de Alcaldía con un elevado salario para el cual, según la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, debería tener Licenciatura o Diplomatura.
«Es de público conocimiento que el puesto no se asignó por la elevada cualificación profesional del supuesto asesor, si no como pago por favores políticos por hacer campaña al PSOE durante las últimas elecciones. De este modo parece que siguiendo el ejemplo de los fondos públicos utilizados para pago de favores que suelen hacer en su actual partido se le asignaron 2.571,43 € al mes (más sus dos pagas extra) hasta llegar a la jubilación, sin mayor exigencia que seguir haciendo campaña del partido«, denunciaron desde el colectivo.
Por ello, dado que es un puesto de asesoramiento especial con una titulación específica, desde DCA solicitaron al Ayuntamiento información sobre estos extremos, sin respuesta hasta la fecha, por lo que será ahora el Consejo de Transparencia de Andalucía quien pida explicaciones sobre qué motiva que no se facilite esta información.
Cabe recordar que la Asociación Defensa Ciudadana Activa, con sede en San Roque pero de ámbito nacional, lleva a cabo numerosas campañas de fiscalización de administraciones públicas, exigiendo el cumplimiento de sus deberes mediante protocolos que están siguen también colectivos de otras partes de la geografía nacional.
Desde San Roque Vivo se resaltó que estos expedientes, de concretarse en asignaciones a dedo para pago de favores políticos, demuestran que el caso de los ERE sólo revela el método que llevan a cabo los partidos políticos en todas las administraciones, independientemente del tamaño, y puede verse con ejemplos en Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones o la administración regional cuyos cargos han sido recientemente condenados.
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