El Consejo de Transparencia de Andalucía ha resuelto en contra del criterio de la Secretaria General, Aña Núñez de Cossío, que interpretaba que los ciudadanos no deben conocer cómo han accedido a los puestos de trabajo los empleados públicos.
Según Núñez de Cossío «el Sr. Jordan no se encuentra entre las categorías de personal eventual de asesoramiento o confianza, ni es personal directivo, ni personal no directivo de libre designación», por lo que entiende debe denegar esa información en aplicación de la protección de datos de carácter personal».
Igual la Secretaria General confundió su trayectoria laboral con un dato personal, pero el Consejo de Transparencia la corrige indicando que «las exigencias de transparencia de la información deben ser escrupulosamente atendidas, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, los procesos selectivos correspondientes han de estar basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad», algo que en San Roque, al menos según los criterios de la Secretaria General, no deben ser conocidos por los ciudadanos.
Para resaltar la importancia del acceso ciudadano a los datos que Núñez de Cossío interpreta que deben ser protegidos, el Consejo de Transparencia resalta que «las administraciones públicas están ya obligadas a publicar por su propia iniciativa, sin que medie solicitud alguna, los procesos de selección de personal a su servicio. Pero, como es obvio, el hecho de que exista este deber ex lege de publicar de oficio dicha información no empece, en modo alguno, a que pueda ser reclamada por cualquier ciudadano a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, como ha sucedido en este caso».
Pese a la claridad de la resolución el Ayuntamiento de San Roque no ha enviado la información en plazo, por lo que se ha denunciado el incumplimiento de ésta y otras cuestiones ante la institución autonómica.
Desde San Roque Vivo entienden que la claridad de la resolución del Consejo de Transparencia llevaría, en caso de que sigan insistiendo en su entorpecimiento del acceso a la información, a denunciar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por el trato desigual que dan a los ciudadanos.
A juicio de San Roque Vivo un detalle que demuestra el entorpecimiento deliberado del acceso a la información desde San Roque es el tiempo que tardan en notificar el plazo de alegaciones a sus propios empleados. Mientras el Decreto suspendiendo el plazo para notificar a un empleado de la propia administración se firmó el 1 de marzo, éste al parecer no lo recibió hasta el 22 de junio, tras requerimiento expreso del Consejo de Transparencia una semana antes.
«El Ayuntamiento de San Roque no es tan grande como para que no encontraran el día de llevar la notificación en meses. Eso nos obliga a preguntar cuántas notificaciones se crearon entre marzo y junio y en qué plazo la tramitaron, porque si algún empleado público no está cumpliendo su función debería ser sancionado conforme al EBEP», denunciaron desde SRV.
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